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EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE CONDENADO A DEVOLVER LA PLUSVALÍA COBRADA

 

Una nueva sentencia, ahora del TSJ Madrid, de fecha 19 de julio de 2017, anula la plusvalía cobrada por el Ayuntamiento de Getafe a una empresa, en una operación de compra venta de una propiedad.

La Sentencia invoca las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC), de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017, anula la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid y dice expresamente que la liquidación de la plusvalía efectuada por el Ayuntamiento de Getafe debe ser anulada, "en cuanto ha sido girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal".

Es una nueva victoria para todos los afectados por la plusvalía, que mientras no se apruebe un método para recuperar las cantidades abonadas, no queda otra opción que recurrir a la vía judicial contra el Ayuntamiento que liquidó la plusvalía.

EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LEÓN ANULA UNA SANCIÓN POR NO LIQUIDAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

Nueva victoria de los afectados por las plusvalías.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de León, en Sentencia 118/2017 (procedimiento abreviado 337/2015) de 20 de junio de 2017 estima el recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de León y anula la sanción impuesta al recurrente por la falta de ingreso de las liquidaciones del Impuesto derivadas de la transmisión de ciertos inmuebles.

El Juzgado en aplicación de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 que declara inconstitucional el sometimiento a tributación de las situaciones de inexistencia de incrementos de valor en las ventas de inmuebles y resuelve que  a tenor de la mencionada sentencia no es posible, al haber sido expulsado del ordenamiento el precepto que amparaba tal remisión remitirse a la evolución de los valores catastrales para acreditar la existencia de tal incremento de valor. Por lo tanto, estima el recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de León y anula la sanción impuesta al recurrente por la falta de ingreso de las liquidaciones del Impuesto derivadas de la transmisión de ciertos inmuebles.

Es bien sabido que prácticamente todos los pisos, locales y demás inmuebles urbanos en España se revalorizan año tras año de manera constante. Así, desde que compramos o adquirimos por otro título un inmueble hasta que lo transmitimos de nuevo, con toda seguridad habrá aumentado su valor.

Por eso, si adquirimos un inmueble hace unos años con un valor de, por ejemplo, 90.000 € y ahora lo vendemos o transmitimos de nuevo por un valor de 150.000 €, habrá ‘aflorado una plusvalía’ de 60.000 €.

Pues bien, existe un impuesto que grava precisamente esa plusvalía, y que viene establecido por los Ayuntamientos, quienes se encargan íntegramente de su gestión.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Considera que la plusvalía municipal vulnera el principio constitucional de capacidad económica (art. 31.1 CE), en la medida en que “no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del inmueble, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo, entre uno y veinte años”.
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Hacienda y la FEMP pactarán cómo devolver la plusvalía cobrada de más


* El TC no fija cómo determinar si el precio subió
* Tampoco detalla el efecto temporal de su sentencia
Tal y como se esperaba en medios jurídicos, el Tribunal Constitucional se pronunció el pasado 11 de mayo sobre la plusvalía municipal a nivel nacional. En su sentencia, vuelve a dar la razón a los contribuyentes, como ya hiciera en sendas sentencias sobre las leyes forales de Álava y Guipúzcoa, y declara inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El alto tribunal considera que el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (popularmente conocido como plusvalía) vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo".

El Pleno explica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y 20 años (máximo)”. Por consiguiente, añade la sentencia, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.

Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica".

Pero con lo que no contaban los expertos es que acto seguido a declarar inconstitucionales y nulos los citados artículos, el Constitucional dejara en manos del legislador los cambios normativos que deben ponerse en marcha ahora para proceder a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.
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En el momento de solicitar la devolución de ingresos indebidos es cuando debemos acreditar que el valor del TERRENO en la fecha de adquisición era mayor que el valor en la fecha de transmisión. Para ello recomiendo contar con un informe pericial que elabore una empresa tasadora, que centre su estudio exclusivamente en la variación del valor del terreno, que es lo decisivo. La mayoría de los tribunales no considerarán suficiente como prueba el valor contenido en las escrituras, pues el vendedor pudo vender excesivamente bajo de precio (por debajo del mercado).

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